Las autoridades prevén tomar una decisión definitiva antes de finalizar el año. Según las estimaciones de Fitch Ratings, una eventual reapertura aportaría cerca de 2 puntos porcentuales adicionales al crecimiento del PIB real.
La inversión extranjera directa registró una contracción del 65% y que el país perdió el 75% de sus exportaciones de bienes, afectando su posición como uno de los principales destinos de inversión en Centroamérica.
El informe auditoría por SGS reveló que Minera Panamá cumplió en un 83% los 370 compromisos ambientales verificables establecidos en el contrato de concesión y que el cierre abrupto de la mina lo que hizo fue acrecentar los riesgos ambientales asociados a la operación de Cobre y ha generado un incremento de la minería ilegal, de oro, en el país.
SGS aclaró que el informe no constituye una decisión sobre el futuro del proyecto, sino una radiografía detallada de lo hecho en el período auditado y el estado actual del proyecto.
En marzo de 2024, citando desafíos fiscales y de gobernanza tras el cierre de la mina Cobre Panamá, Fitch degradó a Panamá a BB+, la primera y única agencia en calificar al soberano por debajo del grado de inversión.
El análisis de la calificadora internacional mantiene la calificación soberana de Panamá en Baa3 con perspectiva “Negativa”, fundamentada principalmente en los riesgos que persisten sobre el proceso de consolidación fiscal debido a una base tributaria estrecha y rigideces presupuestarias.
Panamá ya cuenta con una mina operativa que podría aprovechar este momento histórico del mercado, pero no lo está haciendo.
El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció en un mensaje al país que ha dado instrucción para conformar un equipo interinstitucional que elaborará un informe sobre la realidad técnica, económica y ambiental de la mina de cobre establecida en Donoso. Este equipo interinstitucional estará integrado por los ministros de Comercio e Industrias, Julio…
La empresa reiteró su “plena disposición a colaborar con las autoridades competentes en los procesos de supervisión, investigación y verificación técnica que se consideren necesarios”.
De acuerdo con la empresa minera esa cifra de ingresos no percibidos incluye aproximadamente $1,100 millones en impuestos y regalías.
